<p>Los Poderes Ejecutivo y Legislativo han desairado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, al enviar representantes en lugar de titulares a un evento clave. En esta ocasión, asistió César Yánez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, en representación de Claudia Sheinbaum, mientras que los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente, no estuvieron presentes. Esta falta de asistencia ha suscitado críticas, especialmente considerando que en años anteriores figuras prominentes, como la exsecretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y la entonces Presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, sí asistieron.</p><br />
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<h2>Norma Piña y su Informe Anual en la SCJN</h2><br />
<p>Durante su último informe anual de labores, Norma Piña Hernández abordó los desafíos que ha enfrentado la judicatura en los últimos dos años. En un tono firme, la ministra presidenta denunció los ataques, amenazas y el desprestigio que ha sufrido la Corte por actuar con independencia en casos de relevancia para el gobierno y el partido en el poder. Este informe es significativo, ya que marca el final de su mandato y la llegada de un nuevo pleno en agosto.</p><br />
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<h2>Críticas a los Ataques a la Judicatura</h2><br />
<p>Piña destacó que los problemas para la judicatura comenzaron a intensificarse tras la declaración de inconstitucionalidad del decreto que buscaba transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este hecho, junto con la invalidación del segundo paquete de reformas electorales conocido como “Plan B”, ha llevado a que los ministros que votaron en contra sean calificados de corruptos y traidores a la patria. La ministra subrayó que estos ataques se han intensificado cuando las decisiones de la Corte han sido favorables al gobierno.</p><br />
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<h2>Reflexiones sobre la Prisión Preventiva</h2><br />
<p>En su discurso, Piña también cuestionó el uso de la prisión preventiva oficiosa, señalando que es la actual administración la que promueve medidas que han llevado a un aumento en el número de personas en prisión sin sentencia. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano por esta situación. La ministra presidenta instó a reflexionar sobre las responsabilidades del gobierno en este contexto, planteando interrogantes sobre la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país.</p><br />