El Senado de la República ha tomado la decisión de sancionar toda actividad relacionada con los vapeadores y el fentanilo de uso ilícito, logrando una aprobación con 86 votos a favor y 39 en contra. Esta reforma ha generado controversia, ya que la oposición ha señalado que la medida busca enviar un mensaje político al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en lugar de abordar de manera efectiva el problema de las drogas en el país.
Modificaciones a la Constitución
La reforma implica cambios en el artículo cuarto constitucional, que ahora sancionará actividades vinculadas a cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos similares. Además, se prohíbe la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo, así como de otras drogas sintéticas no autorizadas. Por otro lado, el artículo quinto establece la prohibición de cualquier actividad profesional o comercial relacionada con los vapeadores.
Debate entre la oposición y el gobierno
Durante la discusión, los senadores de oposición expresaron su preocupación por la restricción de libertades individuales, especialmente en lo que respecta al consumo de vapeadores. El panista Ricardo Anaya criticó la decisión, argumentando que la inclusión del fentanilo en la Constitución es un uso inapropiado de este documento y que la crisis del fentanilo es en gran parte un problema estadounidense. Por su parte, la senadora Susana Zataraín advirtió que estas prohibiciones son arcaicas y afectan la libertad de elección de los ciudadanos.
Propuestas alternativas y el futuro de la legislación
A pesar de las críticas, la bancada de Movimiento Ciudadano votó en contra de la reforma, recordando que las prohibiciones históricas, como la del alcohol en Estados Unidos, solo fomentaron el crecimiento del crimen organizado. La senadora Carolina Viggiano propuso que en lugar de una prohibición, se implementara una regulación, pero su propuesta no fue aceptada. La reforma ahora pasará a las legislaturas locales para su validación constitucional, marcando un nuevo capítulo en la lucha contra las drogas y el uso de vapeadores en México.