<p>El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un panorama complicado en su lucha contra la violencia en México, según un informe de la Armed Conflict Location and Event Data (ACLED). Con el objetivo de reducir la inseguridad, la presidenta ha señalado la importancia de incrementar los trabajos de inteligencia e investigación, así como de abordar las causas subyacentes de la violencia mediante la implementación de programas sociales.</p><br />
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<h3>Incremento de la violencia y desafíos inmediatos</h3><br />
<p>Desde el inicio de su mandato, la administración de Sheinbaum ha experimentado un aumento en los enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos criminales. Durante el periodo del 1 de octubre al 11 de diciembre, se registraron 5,298 homicidios dolosos, un indicador alarmante de la creciente violencia en el país. Las disputas territoriales entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente en estados como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, han exacerbado esta crisis.</p><br />
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<h3>Amenazas externas y su impacto en la seguridad</h3><br />
<p>La situación se complica aún más con las amenazas de aranceles del 25% propuestas por Donald Trump si México no logra frenar el tráfico de drogas y migrantes. Estas presiones podrían forzar a Sheinbaum a adoptar medidas más severas contra cárteles como el de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Además, la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México para capturar líderes criminales podría generar tensiones adicionales y afectar la soberanía del país.</p><br />
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<h3>Implicaciones para los derechos humanos y el sistema judicial</h3><br />
<p>La participación de la Guardia Nacional en la estrategia de seguridad también plantea preocupaciones sobre los derechos humanos, especialmente tras la reciente aprobación de su traslado a la Secretaría de la Defensa Nacional. La ACLED advierte que esto podría llevar a abusos de autoridad, como se evidenció en el caso del asesinato de seis migrantes en Chiapas. Asimismo, la elección del Poder Judicial programada para junio de 2025 podría abrir la puerta a la influencia de grupos criminales en las instituciones, aumentando la impunidad y erosionando la confianza pública en el sistema judicial.</p><br />
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