El Diario Oficial de la Federación (DOF) ha publicado un decreto que marca la desaparición de siete organismos autónomos en México. Entre ellos se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Este cambio significativo también afecta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Entrada en Vigor del Decreto
El decreto entrará en vigor el próximo sábado 21 de diciembre, tras la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Diputados el 20 de noviembre. Esta reforma implica la modificación de diversas disposiciones de la Constitución Política, lo que resulta en la extinción de estos órganos autónomos. La decisión ha generado un amplio debate sobre el futuro de la gobernanza y la transparencia en el país.
Transferencia de Recursos y Funciones
Con la desaparición de estos organismos, el DOF establece que los recursos materiales, registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de los entes públicos extintos serán transferidos a las dependencias del Ejecutivo Federal o al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según corresponda. Esta reestructuración busca consolidar las funciones que anteriormente desempeñaban estos organismos en un marco más centralizado.
Nuevo Modelo de Derechos Humanos
En respuesta a esta situación, el Inai ha emitido un comunicado en el que se señala que México adoptará un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos humanos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales. Aunque el Inai dejará de existir como institución autónoma, los derechos de transparencia y el uso legítimo de datos personales se mantienen vigentes. Se enfatiza que estos derechos seguirán siendo ejercidos a través de la demanda ciudadana, lo que plantea un nuevo reto para la participación y vigilancia de la sociedad civil.