Los trabajadores del Poder Judicial han expresado su preocupación por los riesgos asociados a las elecciones de jueces, ministros y magistrados programadas para el próximo 1 de junio. Esta inquietud surge a raíz del recorte del 52% al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que podría desencadenar una serie de problemáticas que comprometan la integridad del proceso electoral.
Impacto del recorte presupuestario en el proceso electoral
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha emitido una carta dirigida a la sociedad y a la comunidad internacional, donde detallan las implicaciones de este recorte. La reducción del presupuesto se traduce en una disminución del 43% en el número de casillas y en la operación del INE con menos de la mitad del personal necesario para garantizar unas elecciones seguras y eficientes.
Preocupaciones sobre la legitimidad de las elecciones
Los trabajadores del Poder Judicial enumeran varias razones por las que consideran que las elecciones del 1 de junio deberían ser detenidas. Entre ellas se encuentran la asignación insuficiente de recursos al INE, la falta de revisión del padrón electoral y la complejidad del modelo de votación, que incluye hasta seis boletas y la elección de hasta 60 candidatos. Estas condiciones podrían confundir al electorado y resultar en un voto superficial y mal informado.
Riesgos de irregularidades y falta de imparcialidad
La carta de Jufed también advierte sobre el riesgo de irregularidades como el acarreo y la compra de votos, así como la disparidad en los porcentajes de votación. Además, se señala que el diseño de la elección podría comprometer la imparcialidad, ya que las candidaturas están influenciadas por los poderes de la unión, lo que podría favorecer a quienes tienen afinidad con el partido en el poder. Ante estas preocupaciones, los trabajadores del Poder Judicial hacen un llamado a la reflexión sobre la viabilidad de las elecciones programadas.