La nueva ley de transparencia propuesta por el Ejecutivo mexicano está generando controversia debido a la creación del organismo Transparencia para el Pueblo. Esta iniciativa, que ya ha sido enviada al Senado, incluye un aumento en las causales para reservar información, aunque no se observan mejoras significativas en las sanciones por incumplimiento, lo que ha suscitado críticas entre expertos y defensores de la transparencia.
Funciones del nuevo organismo de transparencia
El organismo Transparencia para el Pueblo asumirá responsabilidades que anteriormente pertenecían al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Este nuevo ente se encargará de resolver los recursos de inconformidad, mientras que los órganos internos de control de las dependencias serán responsables de hacer cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la ley.
Creación de juzgados especializados en transparencia
La iniciativa también contempla la creación de juzgados y tribunales especializados en materia de transparencia, que tendrán la capacidad de acceder a información clasificada cuando sea necesario. Estos juzgados deberán formarse en un plazo de 20 días tras la entrada en vigor de la ley y se convertirán en la última instancia para resolver recursos relacionados con la transparencia.
Aspectos adicionales de la nueva ley
En un plazo de 60 días después de la publicación de la ley, se establecerá el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que definirá la política de transparencia en el país. Además, se creará un Consejo Nacional que incluirá a representantes de diversas instituciones, como la Secretaría Anticorrupción y el Instituto Nacional Electoral. A pesar de las nuevas medidas, las sanciones por incumplimiento se mantendrán sin cambios, lo que plantea dudas sobre la efectividad de la ley para garantizar un acceso real a la información pública.