El coordinador del PAN en la Cámara Baja, Elías Lixa, reveló un contrato firmado en 2021 entre la Cámara de Diputados y el despacho de abogados de ‘El Mayo’ Zambada, en medio de un creciente escándalo sobre los vínculos entre el partido Morena y el abogado Juan Pablo Penilla. Lixa presentó el documento en una conferencia de prensa, donde destacó que este contrato fue firmado por el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz, socio de Penilla, durante la legislatura pasada, dominada por Morena.
Detalles del Contrato con el Despacho de ‘El Mayo’
Lixa subrayó que el contrato representa una prestación de servicios profesionales por más de 60 mil pesos mensuales, específicamente para la Comisión de Cultura y Cinematografía. Este acuerdo, que abarcó desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 2021, fue firmado por la directora general de Recursos Humanos de la comisión y Ramírez Muñoz. Las declaraciones del diputado panista sugieren que la información sobre los nexos de Morena con el despacho ha sido ocultada, y que este escándalo podría tener repercusiones políticas significativas.
Intercambio de Acusaciones entre PAN y Morena
La tensión entre el PAN y Morena ha escalado, con ambos partidos intercambiando acusaciones sobre sus conexiones con los abogados de ‘El Mayo’. Mientras que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara, reveló que el PAN otorgó un galardón a Penilla, el dirigente del PAN, Jorge Romero, se desvinculó de cualquier relación con el abogado, calificando las afirmaciones de Morena como “ridículas”. Este intercambio de acusaciones refleja la creciente polarización política en el país y el impacto que estos escándalos pueden tener en las próximas elecciones.
¿Quién es Juan Pablo Penilla?
Juan Pablo Penilla ha sido mencionado en varios casos de alto perfil, incluyendo su representación legal de narcotraficantes notables. Recientemente, fue mencionado en relación a la carta de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, donde solicitaba la intervención del gobierno mexicano. Su historial incluye la defensa de figuras del crimen organizado, lo que ha intensificado el escrutinio sobre sus conexiones con la política mexicana. Este contexto plantea preguntas sobre la ética y la transparencia en las relaciones entre el sector legal y la política en México.