A un mes de recibir la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, los diputados federales han tomado una decisión crucial en la Comisión de Puntos Constitucionales. Con 29 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, se aprobaron reformas a los artículos 4º y 27 de la Constitución que prohíben el cultivo de maíz con modificaciones genéticas en México. Esta medida busca proteger la biodiversidad y la soberanía alimentaria del país, en un contexto de creciente preocupación por los efectos de los cultivos transgénicos.
Detalles de la Reforma a la Constitución
El dictamen aprobado establece que el cultivo de maíz debe ser “libre de modificaciones genéticas” que superen las barreras naturales de reproducción, como las técnicas transgénicas. Se enfatiza que cualquier uso de maíz genéticamente modificado debe ser evaluado para asegurar que no represente una amenaza para la bioseguridad, la salud pública y el patrimonio biocultural de México. Además, se subraya la importancia de priorizar la protección de la biodiversidad y promover el manejo agroecológico.
Reacciones de los Grupos Parlamentarios
Durante la discusión del dictamen, el diputado del PAN, Luis Agustín Rodríguez, expresó su oposición, argumentando que la reforma podría tener consecuencias económicas y complicaciones inflacionarias que afectarían a los agricultores. Criticó la propuesta como un enfoque ideológico que no considera la competitividad y la productividad del campo mexicano. Por su parte, el PRI apoyó la reforma, destacando que ya existe una prohibición en la ley, pero subrayando la necesidad de cuidar la legislación secundaria que se desarrollará posteriormente.
Apoyo y Críticas a la Propuesta
Los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM respaldaron el dictamen, alineándose con la propuesta de Claudia Sheinbaum. En contraste, la diputada Claudia Ruiz Massieu de MC manifestó su apoyo, pero anunció que presentarán reservas de modificación en el pleno. Este debate se intensificará el próximo martes 25 de febrero, cuando se someterá el dictamen a votación en el pleno de los 500 diputados, marcando un momento decisivo en la política agrícola del país.