Acceso limitado a educación y cuidado infantil en México
Especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEPP), junto con el Early Institute y Ethos Innovación en Políticas Públicas, han revelado que solo el 44% de los niños y niñas en México, de entre 0 a 5 años, tienen acceso a servicios de educación y cuidado. Este alarmante dato pone de manifiesto la falta de cobertura en los Centros de Atención Infantil (CAI), dejando a cerca de 6.8 millones de menores sin acceso a estos servicios fundamentales.
Recomendaciones para mejorar el Sistema Nacional de Cuidados
El informe titulado ‘Cuidados para la primera infancia: Recomendaciones hacia la conformación del Sistema Nacional de Cuidados’ hace un llamado urgente a la creación de un sistema que integre políticas, programas y normas para garantizar servicios de calidad. Entre las recomendaciones se incluyen la ampliación de la cobertura de servicios, el fortalecimiento del marco normativo y el reconocimiento del derecho al cuidado en la Constitución. Estas medidas buscan asegurar que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSADII) sea la norma central en este sector.
Desigualdades en la carga del cuidado
El análisis también destaca que la carga del cuidado recae desproporcionadamente en las mujeres, perpetuando desigualdades sociales y económicas. Especialistas como Mónica Corona Godínez de Ethos, sugieren promover un enfoque de corresponsabilidad que involucre al Estado, empresas y comunidades, así como establecer estándares mínimos de calidad para los CAI y mecanismos de supervisión y evaluación del personal.
Inversión insuficiente en servicios infantiles
La investigación señala que la inversión destinada a cuidados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 es de 45 mil 810.4 millones de pesos, una cifra que representa menos de una décima parte de los recursos necesarios para un Sistema Nacional de Cuidados efectivo. Sunny Villa, investigadora asociada del CIEP, enfatiza la necesidad de un aumento significativo en la inversión pública para asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a atención de calidad, independientemente de su situación socioeconómica. Las organizaciones instan al gobierno y a los legisladores a priorizar la implementación de políticas que garanticen el derecho a la educación y el cuidado infantil.