Silvano Aureoles y el escándalo de corrupción en Michoacán
La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado enérgicamente al juez que otorgó un amparo al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien enfrenta acusaciones de desvío de recursos por un monto de 3 mil 412 millones de pesos. Este dinero estaba destinado a la construcción de siete cuarteles de policía en el estado, y la decisión del juez ha generado controversia en el ámbito político y judicial. Sheinbaum argumenta que el caso de Aureoles representa un claro ejemplo de corrupción que la justicia mexicana no debería tolerar.
El amparo y la multa impuesta a Aureoles
En su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que el juez no tenía justificación para conceder el amparo a Aureoles, quien deberá pagar una multa de 52 mil pesos en los próximos días para que la medida cautelar surta efecto. Las acusaciones en su contra incluyen peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero. La mandataria enfatizó que el Poder Judicial debería colaborar para mejorar la seguridad y la transparencia en el uso de recursos públicos, en lugar de convertirse en un obstáculo.
La investigación sobre el desvío de fondos
Las autoridades han vinculado a Aureoles con un esquema de corrupción que involucra a varios exfuncionarios de su administración, incluyendo al exsecretario de Finanzas y al exsecretario de Seguridad Pública. La investigación se centra en la desviación de fondos destinados a la construcción de cuarteles policiales en diversas localidades de Michoacán. Se espera que el juzgado tome una decisión sobre la suspensión definitiva del amparo a Aureoles el próximo 29 de abril, en un contexto donde la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, ha emitido una ficha roja en su contra.
Reacciones y el futuro del caso
Sheinbaum también se refirió a la necesidad de reformar el sistema judicial, señalando que la próxima elección de jueces, magistrados y ministros busca disminuir las omisiones en la justicia. La mandataria subrayó que la corrupción en el sistema judicial ha sido un obstáculo en la lucha contra la delincuencia y que es fundamental que se tomen medidas para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera honesta y efectiva. La atención ahora se centra en cómo se desarrollará el caso de Aureoles y las implicaciones que tendrá para el sistema judicial en México.