Reproches de un magistrado en retiro por vínculos con el narcotráfico
El magistrado en retiro Pablo Vicente Monroy Gómez lanzó duras críticas al ministro Alberto Pérez Dayan durante una conferencia en Mérida, Yucatán. Monroy cuestionó la decisión de Pérez Dayan de no respaldar un proyecto judicial que buscaba revertir la reforma al Poder Judicial, lo que, según él, ha permitido que juristas con vínculos al narcotráfico se postulen para cargos judiciales. “Nunca sospechamos que tú no votarías a favor de ese proyecto”, afirmó Monroy, enfatizando la responsabilidad que tienen los jueces en considerar las implicaciones políticas de sus decisiones.
Consecuencias de la reforma judicial
Monroy Gómez advirtió que la falta de apoyo a la reforma ha resultado en la inclusión de candidatos con antecedentes cuestionables en el proceso electoral del próximo 1 de junio. “Ahora entre los que buscan un cargo judicial hay juzgadores que defendieron a narcotraficantes o que tienen nexos con el crimen organizado”, manifestó. Estas afirmaciones subrayan las preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial mexicano y la necesidad de filtros más rigurosos en la selección de candidatos.
Expropiación de fideicomisos del Poder Judicial
Además, el magistrado en retiro destacó que la reforma judicial también conllevó la “expropiación” de fideicomisos del Poder Judicial, afectando los ahorros de muchos trabajadores. “El robo de los fideicomisos, uno de ellos, fue una expropiación que ha frustrado los proyectos de vida de muchos compañeros”, comentó Monroy, cuestionando cómo el ministro puede vivir con esta carga en su conciencia. Este tema ha sido un punto de controversia en el debate sobre la reforma y su impacto en el sistema judicial.
Reconocimiento de vicios en candidaturas judiciales
El reclamo de Monroy se produce en un contexto donde el senador Gerardo Fernández Noroña ha reconocido la participación de abogados con antecedentes delictivos en el proceso electoral. Noroña señaló que algunos defensores de narcotraficantes están intentando acceder a cargos judiciales, lo que pone en entredicho la probidad y la ética requeridas para estos puestos. A pesar de que el INE trabaja en mecanismos para anular candidaturas cuestionables, la preocupación sobre la legitimidad del proceso electoral persiste.