Preocupación por la Libertad de Expresión en México
El exrelator especial sobre la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, ha expresado su preocupación por la situación de la libertad de expresión en México, señalando que, a pesar de las visitas de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU desde 2010, la situación ha empeorado en 2025. Durante el foro “Libertad de Expresión, derechos digitales y acceso a la información en México”, Kaye destacó la violencia contra periodistas y la falta de acceso a la información como problemas persistentes desde 2017.
Espionaje y Presión Institucional
Kaye también abordó el tema del espionaje a periodistas mediante el software Pegasus y los constantes ataques a las instituciones encargadas de proteger la libertad de expresión. Afirmó que la situación actual no solo se debe a actos de espionaje o manipulación mediática, sino también a la presión que enfrentan instituciones como el Poder Judicial y la Fiscalía. “Las cosas en México no solo no han mejorado, sino que están peor”, concluyó.
La Voz de Catalina Botero
La exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, se unió a Kaye en su preocupación, subrayando que desde su visita en 2010, la situación ha ido en deterioro. Botero expresó su inquietud por la disolución de siete instituciones autónomas, de las cuales al menos dos están relacionadas con la libertad de expresión, y la entrega de sus facultades al Poder Ejecutivo, lo que agrava la crisis de derechos humanos en el país.
Modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones
En medio de este contexto, Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aplaudió la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de solicitar modificaciones al artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones. García enfatizó la importancia de que los legisladores tomen nota de esta solicitud y eliminen el artículo que permite el bloqueo de plataformas digitales, destacando que la defensa de la libertad de expresión debe ser una prioridad en el debate legislativo.