INE Prohíbe el Uso de Acordeones en Elecciones Judiciales
A dos días de las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado medidas cautelares para frenar la distribución de los llamados ‘acordeones electorales’. Estos documentos, que han sido objeto de controversia en redes sociales, pueden ser considerados propaganda electoral si se demuestra que partidos o candidatos los utilizan para influir en el voto, lo que podría constituir un acto de coacción al voto.
Definición y Consecuencias de los Acordeones
El INE ha advertido que los ‘acordeones’ pueden ser clasificados como propaganda electoral si se comprueba su uso por parte de actores políticos en la jornada electoral. La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, ha instado a los ciudadanos a abstenerse de participar en la difusión de estos materiales y a ejercer su derecho al voto de manera informada y personal. La ley establece sanciones que van desde multas de 50 a 100 días de salario hasta penas de prisión de seis meses a tres años para quienes incurran en estas prácticas.
Uso Permitido de Listas Personales
Aunque el INE prohíbe la distribución masiva de ‘acordeones’, los ciudadanos sí pueden llevar una lista personal que les ayude a recordar por quién desean votar, siempre que esta no sea elaborada para su distribución. David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del Consejo Local del INE en Michoacán, enfatizó que cualquier intento de inducir el voto a través de materiales que contengan información específica sobre candidatos podría ser considerado un delito.
Medidas de Vigilancia y Responsabilidad Ciudadana
El INE ha comenzado procedimientos sancionadores en varios casos relacionados con la distribución de ‘acordeones’ y ha colaborado con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para investigar estas irregularidades. Además, Delgado Arroyo advirtió que los funcionarios de casilla no deben revisar a los votantes en busca de listas personales, ya que esto podría violar el derecho al voto libre y secreto. La responsabilidad recae tanto en las autoridades como en los ciudadanos para garantizar un proceso electoral transparente y justo.