El gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha expresado su firme rechazo a las recomendaciones emitidas por la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a la reciente jornada electoral del 1 de junio, destinada a la elección del Poder Judicial. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuestionó la validez del informe preliminar de los observadores, argumentando que su intervención sobrepasó el mandato establecido y contravino principios fundamentales de la OEA.
Rechazo a las recomendaciones de la OEA
En una carta dirigida al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, la SRE subrayó que la Misión de Observación Electoral no tiene la autoridad para imponer criterios sobre la organización del Poder Judicial en México. La carta enfatiza el derecho soberano de los estados a elegir su sistema político y judicial sin injerencias externas, citando el Artículo 3 (e) de la Carta de la OEA. El gobierno mexicano defendió la legalidad del proceso electoral, afirmando que se llevó a cabo conforme a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes.
La OEA y sus preocupaciones sobre la elección judicial
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA expresó su preocupación por el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados, recomendando que no se replicara en otros países de la región. En su informe preliminar, se destacó que solo el 13% de los electores participó en esta elección, lo que plantea dudas sobre su legitimidad. Además, se cuestionó la idoneidad de los perfiles de los candidatos, ya que no se aplicaron exámenes estandarizados para su selección.
Fallas en el proceso electoral y sus implicaciones
El informe también resaltó preocupaciones sobre los votos nulos y no marcados, que representaron el 10.80% de la elección, atribuyendo la situación a un plazo de votación demasiado corto. La OEA advirtió que el modelo actual podría afectar la independencia judicial, ya que la posibilidad de reelección podría llevar a los jueces a tomar decisiones basadas en preferencias electorales en lugar de criterios técnicos. Con miras a las próximas elecciones judiciales en 2027, el organismo internacional alertó sobre el riesgo de influencias partidistas si no se modifica el calendario electoral.