Si sube el precio de la carne, las familias bajarán el consumo y buscarán opciones más saludables, según este estudio en el que participó el Instituto Nacional de Salud.
Aplicar un impuesto sobre la carne roja y procesada en México podría reducir su consumo, mejorar la salud pública y favorecer la sostenibilidad ambiental, según un estudio liderado por la Universidad de Edimburgo y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Subir un 10 por ciento el precio de la carne procesada podría reducir su consumo en un 8.3 por ciento, y un aumento similar en el precio de las carnes rojas implicaría una caída del 7.9 por ciento en la demanda, de acuerdo con el estudio publicado en la revista científica Plos One este viernes.
Según los autores, estas medidas fiscales pueden servir como palanca eficaz para reducir el consumo de carnes asociadas a enfermedades crónicas y al alto impacto ambiental.
En 2023, México incorporó por primera vez criterios de sostenibilidad en sus Guías Alimentarias Nacionales, que recomiendan reducir el consumo de carne roja y evitar la procesada.
“El cambio climático ya está aquí, y no tenemos suficientes recursos en el planeta para mantener la demanda global de carne”, dijo a EFE la autora principal, Kaela Connors. “Los impuestos son una herramienta eficaz y rentable para fomentar una alimentación más saludable y sostenible”.
Los hogares de menores ingresos son los que más reducen su consumo de carne cuando suben los precios, aunque ya consumen menos que los grupos de mayores ingresos. Además, tienden a sustituir la carne por alimentos nutritivos y accesibles de la dieta tradicional, como legumbres o mariscos.
Para evitar que estas medidas agraven las desigualdades, Connors propone destinar parte de la recaudación a subsidios o vales para alimentos saludables. “La clave está en garantizar que las alternativas nutritivas sean asequibles”, añadió.
La investigadora de la Universidad de Edimburgo, que trabajó previamente con el INSP, considera que México está en una posición ideal para adoptar esta política: “Tiene un historial pionero, fue el primer país en aplicar un impuesto a las bebidas azucaradas en 2014, y ahora ha incorporado la sostenibilidad en sus guías alimentarias”.
La investigación se diferencia de análisis previos porque va más allá del diagnóstico y propone una hoja de ruta concreta para intervenir desde la política fiscal.
Connors instó a aprovechar el respaldo político actual, marcado por iniciativas como la prohibición de comida “chatarra” en las escuelas públicas, para avanzar hacia una alimentación más saludable y sostenible.
“Es una oportunidad para que México logre al mismo tiempo sus objetivos de salud pública y de sostenibilidad”, concluyó.
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Estudio sobre el consumo de carne en México
Un reciente estudio realizado por la Universidad de Edimburgo y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) sugiere que implementar un impuesto sobre la carne roja y procesada podría ser una medida efectiva para reducir su consumo en México. Este enfoque no solo busca mejorar la salud pública, sino también contribuir a la sostenibilidad ambiental.
Impacto del aumento de precios en el consumo
El estudio revela que un incremento del 10% en el precio de la carne procesada podría llevar a una reducción del 8.3% en su consumo, mientras que un aumento similar en el precio de las carnes rojas podría resultar en una disminución del 7.9% en la demanda. Estas cifras se publicaron en la revista científica Plos One, lo que subraya la relevancia de la investigación en el contexto actual.
Beneficios para la salud y el medio ambiente
Los autores del estudio argumentan que estas medidas fiscales no solo son útiles para reducir el consumo de carne asociada a enfermedades crónicas, sino que también tienen un impacto positivo en el medio ambiente. En 2023, México ya incorporó criterios de sostenibilidad en sus Guías Alimentarias Nacionales, recomendando una reducción en el consumo de carne roja y evitando la carne procesada.
Propuestas para una transición equitativa
Kaela Connors, autora principal del estudio, enfatiza la importancia de garantizar que las alternativas nutritivas sean asequibles, especialmente para los hogares de menores ingresos que son más propensos a reducir su consumo de carne cuando los precios aumentan. Propone destinar parte de la recaudación del impuesto a subsidios o vales para alimentos saludables, asegurando así una transición equitativa hacia una dieta más sostenible.