Donald Trump inaugura el centro de detención de migrantes Alcatraz Caimán
En medio de protestas de grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos, el presidente Donald Trump inauguró el nuevo centro de detención de migrantes conocido como Alcatraz Caimán, ubicado en los Everglades de Florida. Este centro tiene la capacidad de albergar a 5,000 migrantes y ha sido objeto de controversia desde su anuncio, debido a su localización y las condiciones que se esperan para los detenidos.
Propuestas de expansión y críticas
Durante la inauguración, Trump expresó su deseo de ver instalaciones similares en otros estados, sugiriendo que podrían formar parte de un sistema nacional de detención migratoria. “Me gustaría verlas en muchos estados”, afirmó el presidente, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo acompañaban en la gira. Sin embargo, la apertura del Alcatraz Caimán ha generado una fuerte oposición por parte de ecologistas que argumentan que su construcción ignora regulaciones ambientales cruciales.
Controversia ambiental y derechos humanos
Con un costo estimado de más de 450 millones de dólares, el centro se encuentra en una remota pista de aterrizaje, rodeado de pantanos infestados de caimanes y otros animales salvajes. Activistas de grupos como Amigos de los Everglades han presentado demandas para cerrar el centro, alegando que su operación pone en riesgo uno de los ecosistemas más emblemáticos del mundo. “Este enorme centro de detención arruinará uno de los ecosistemas más emblemáticos del mundo”, advirtió Elise Bennett, abogada del Centro para la Diversidad Biológica.
Las declaraciones de Trump y el futuro del centro
Antes de abordar Air Force One hacia Florida, Trump hizo una polémica broma sobre cómo los migrantes podrían escapar de los caimanes si decidieran huir de la cárcel, lo que generó críticas inmediatas. A pesar de las preocupaciones sobre el tratamiento de los detenidos, el centro comenzó a operar y se espera que contribuya a la política de deportaciones masivas impulsada por la administración actual. Además, DeSantis ha anunciado la habilitación de fiscales generales de la Guardia Nacional como jueces de inmigración para acelerar los procesos de deportación.