Desigualdad en las Pensiones: Exfuncionarios de Pemex y LyFC vs. Trabajadores Mexicanos
Más de un centenar de exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) están recibiendo pensiones exorbitantes que superan, en algunos casos, hasta 140 veces el promedio nacional. Mientras que la pensión promedio en México se sitúa en alrededor de 7 mil 92 pesos, estos jubilados disfrutan de montos que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, lo que ha generado un amplio debate sobre la justicia y la sostenibilidad de tales beneficios.
Montos Elevados en Pensiones de Exfuncionarios
La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló que 9 mil 457 pensionados de LyFC reciben pensiones que van de los 100 mil a un millón de pesos mensuales, lo que representa un gasto anual de 28 mil 74 millones de pesos. En el caso de Pemex, al menos 618 extrabajadores están percibiendo pensiones que superan la cantidad anual asignada al director general de la empresa, lo que equivale a recibir 39 veces más que el promedio nacional. Esta situación ha llevado a cuestionar la equidad en el sistema de pensiones en México.
Acciones del Gobierno para Revisar Pensiones Exorbitantes
Ante la creciente preocupación por estas pensiones millonarias, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se revisará la situación de estos exfuncionarios para evaluar posibles acciones legales. “Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México”, declaró Sheinbaum. Se han establecido mesas de trabajo con diversas dependencias para revisar la legalidad de estas pensiones y normar los requisitos para su otorgamiento.
Medidas Propuestas para Regular las Pensiones
El gobierno ha propuesto una serie de medidas para abordar la situación, que incluyen la creación de un oficio para normar los requisitos de jubilación, la firma de convenios de colaboración con registros civiles para actualizar los padrones de pensionados y una revisión jurídica y constitucional que permita el intercambio de información con autoridades estatales. Estas acciones buscan garantizar que las pensiones sean justas y sostenibles, en un esfuerzo por reducir la desigualdad en el sistema de pensiones del país.