Revocación de visas a políticos mexicanos por parte de EE.UU.
El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de una estrategia más amplia contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados en la política mexicana. Esta medida, que afecta a miembros del partido gobernante Morena y a figuras de otras fuerzas políticas, representa una escalada significativa en las tácticas diplomáticas de Washington para presionar a México en temas de seguridad, según confirmaron dos funcionarios mexicanos a Reuters.
Impacto en la élite política mexicana
La decisión ha generado una conmoción entre la élite política de México, que tradicionalmente ha dependido de la posibilidad de viajar a Estados Unidos. Aunque algunos casos han sido reportados, el alcance de la revocación es mucho más amplio de lo que se había informado inicialmente. Ex embajadores estadounidenses han señalado que, aunque administraciones anteriores también revocaron visas, nunca se había llegado a una magnitud tan extensa. Earl Anthony Wayne, ex embajador de EE.UU. en México, destacó que la administración Trump está buscando formas innovadoras de aumentar la presión sobre el país vecino.
Reacciones y contexto legal
Hasta el momento, solo cuatro políticos han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien ha negado cualquier vinculación con el crimen organizado. Según la ley estadounidense, el gobierno no está obligado a justificar la revocación de visas, lo que permite una acción más ágil y menos sujeta a escrutinio que las sanciones o procesos judiciales. Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento si se considera que las actividades de los titulares son contrarias al interés nacional de EE.UU.
Una táctica más amplia en América Latina
Esta táctica de revocación de visas no se limita a México. La administración Trump ha aplicado medidas similares en otros países de América Latina, dirigiéndose a personas consideradas adversarias políticas o ideológicas. La situación actual refleja una ampliación sin precedentes de la estrategia antinarcóticos de EE.UU., enfocándose en funcionarios en activo, un terreno delicado en las relaciones bilaterales. La falta de respuesta por parte del gobierno mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores ante las consultas de Reuters subraya la seriedad y complejidad de esta situación.