La Procuraduría Federal del Consumidor ha llevado a cabo una medida drástica al suspender las operaciones del Hotel Diamante K, propiedad del famoso actor y empresario Roberto Palazuelos. Esta decisión se enmarca dentro de un operativo especial en el popular destino turístico de Tulum, en respuesta a numerosas denuncias ciudadanas por abusos en precios y irregularidades en la prestación de servicios, lo que contraviene la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
Profeco ejecuta operativo para combatir precios excesivos en Tulum
Tulum, conocido mundialmente por sus playas paradisíacas, ha sido objeto de críticas por parte de visitantes y residentes que han reportado incrementos injustificados en los precios de servicios turísticos y productos básicos. Ante esta situación, la Profeco, en colaboración con la Secretaría de Turismo y el Gobierno de Quintana Roo, ha implementado un monitoreo y verificación especial.
Irregularidades detectadas en el Hotel Diamante K y otros establecimientos
Durante el operativo, la Procuraduría inspeccionó 29 establecimientos, incluyendo tiendas de autoservicio, farmacias, restaurantes y hoteles, con el objetivo de identificar y sancionar la especulación en precios. La suspensión del Hotel Diamante K y otros lugares como Pocna Tulum y Villa Pescadores se debió a diversas violaciones a la LFPC, que incluyen la falta de tarifas visibles, ausencia de términos y condiciones, y prácticas que inducen a la propina de manera confusa.
Las tarifas exorbitantes que llevaron a la clausura del hotel de Palazuelos
El Hotel Diamante K fue particularmente señalado por cobrar una tarifa de habitación doble que alcanzaba los $13,860 pesos, una cifra que supera notablemente el promedio de la zona. Además, la Profeco detectó precios desmedidos en alimentos y bebidas, como un guacamole que podía costar hasta $280.00 pesos o hamburguesas que superaban los $400 pesos. La colocación de sellos de suspensión no implica el cierre definitivo del negocio, sino una prohibición temporal hasta que se cumplan las normativas correspondientes, asegurando que los consumidores reciban un trato justo y equitativo.