La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha declarado a México responsable por la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, una joven madre de 17 años que trabajaba en una maquila en Ciudad Juárez. El trágico suceso ocurrió el 14 de febrero de 2001, cuando Lilia salió a trabajar y nunca regresó a casa. Su madre, Norma Andrade, denunció su desaparición, pero la falta de diligencia en la investigación por parte de las autoridades fue evidente.
Investigación deficiente y contexto de violencia
La Corte determinó que el Estado mexicano incumplió con su deber de debida diligencia en la investigación del caso, violando los derechos a la vida, integridad personal y libertad de Lilia Alejandra. Su cuerpo fue hallado el 21 de febrero de 2001 en un terreno baldío, y la causa de muerte fue estrangulamiento manual, con indicios de homicidio tras un ataque sexual. Durante la investigación, que se extendió por varios años y pasó por diversas fiscalías, no se implementaron medidas adecuadas que tuvieran en cuenta el enfoque de género necesario en casos de violencia contra la mujer.
Reconocimiento de responsabilidad y medidas a seguir
La CorteIDH ha ordenado al Estado mexicano que continúe con las investigaciones del caso y realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad, así como disculpas públicas. Además, se requieren diagnósticos normativos e institucionales que fomenten políticas integrales en contra de la violencia de género y las desapariciones. Los hijos de Lilia Alejandra también fueron reconocidos como víctimas, debido a las violaciones a sus derechos tras la pérdida de su madre.
Contexto de violencia de género en Ciudad Juárez
La Corte resaltó que en el momento de los hechos, Ciudad Juárez enfrentaba un contexto de violencia de género y una impunidad generalizada. La falta de prevención de ataques y amenazas a Norma Andrade, madre de Lilia, fue otra de las responsabilidades del Estado. La sentencia subraya la necesidad urgente de que las autoridades adopten medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en un contexto donde el feminicidio sigue siendo un problema alarmante en México.