La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido retirar de su agenda el análisis de la reforma que reduce el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Aguascalientes, dejándolo en seis semanas. Esta decisión ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes ven en esta postergación una prolongación de la incertidumbre jurídica y médica para las mujeres que buscan acceder a este derecho fundamental.
Impacto de la Reforma en Aguascalientes
La reforma, aprobada por el Congreso de Aguascalientes el 28 de agosto de 2024, ha limitado el acceso al aborto voluntario, generando reacciones adversas en la sociedad. La directora de Católicas por el Derecho a Decidir México, Aidé García Hernández, expresó su decepción por la falta de discusión del tema en la Corte, afirmando que la decisión de la SCJN no responde a las demandas de las mujeres que se ven afectadas por esta normativa restrictiva.
Acción de Inconstitucionalidad y Presiones Externas
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2024, buscando impugnar partes del Código Penal de Aguascalientes. Sin embargo, la SCJN no ha dado una nueva fecha para discutir este asunto, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles presiones de la Iglesia católica y del Partido Acción Nacional (PAN) para evitar cambios en la legislación. García considera que este retraso es preocupante, especialmente dado que los nuevos ministros de la Corte fueron elegidos con un enfoque progresista.
La Oportunidad de la Corte para Avanzar en Derechos Humanos
La SCJN tiene la oportunidad de reafirmar su compromiso con los derechos humanos al abordar esta reforma. García recordó que la Corte ya había despenalizado el aborto a nivel nacional en 2023, estableciendo la obligación de que todos los Congresos estatales ajusten sus leyes para permitir la IVE hasta la semana 12. La expectativa es que la Corte actúe de manera congruente con sus decisiones anteriores y garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo, especialmente en un contexto donde 24 de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto antes de la semana 12.