La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha solicitado la suspensión del registro obligatorio de líneas telefónicas, argumentando que esta medida presenta riesgos significativos en términos de ciberseguridad y posibles violaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos. Este registro, que exige a los usuarios vincular su número telefónico con su CURP, ha generado preocupación tras la reciente exposición de vulnerabilidades en la plataforma de Telcel, donde se filtraron datos de usuarios.
Vulnerabilidades en el registro de líneas telefónicas
Desde el inicio del registro el 10 de enero, especialistas han señalado que la plataforma de Telcel no contaba con las medidas de seguridad adecuadas, lo que permitió la filtración de información personal. Aunque Telcel ha implementado medidas de seguridad adicionales, los expertos advierten que el riesgo persiste para los usuarios de otras compañías que también están obligados a cumplir con esta normativa. José Flores, vocero de R3D, enfatiza que las empresas solo tuvieron 30 días para desarrollar sistemas de alta y baja de líneas, lo que pone en duda la efectividad del registro.
Argumentos a favor de la suspensión
En entrevistas, Flores ha destacado que la implementación del registro debe ser aplazada hasta que se garantice la ciberseguridad, e incluso se debe considerar su suspensión definitiva. El argumento principal radica en que esta obligación podría ser inconstitucional, ya que permite al gobierno acceder a datos personales sin una orden judicial o causa penal abierta. Flores también ha criticado la falta de acción por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que no ha suspendido el registro a pesar de las preocupaciones planteadas por la industria.
La ineficacia del registro contra la extorsión
R3D sostiene que la premisa detrás del registro obligatorio es errónea, ya que no hay evidencia que demuestre que esta medida detiene la extorsión. De hecho, experiencias internacionales sugieren que tales políticas pueden llevar a un aumento en otros delitos, como el robo de celulares y la suplantación de identidad. La organización civil ha estado investigando desde 2016 la relación entre el registro de líneas de prepago y la disminución del delito, sin encontrar correlación alguna. En este contexto, se hace un llamado a replantear la efectividad de esta medida para la seguridad de los ciudadanos.