Este martes, el Senado de la República aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos con 75 votos a favor y 37 en contra. Esta nueva legislación tiene como objetivo digitalizar los trámites gubernamentales y centralizar datos personales y biométricos a través de la Llave MX. Sin embargo, la implementación de esta ley ha generado preocupación entre expertos sobre los riesgos de ciberseguridad y la posible filtración de datos personales.
Preocupaciones sobre la privacidad y la ciberseguridad
A pesar de que la ley promete simplificar la administración pública, expertos advierten sobre los peligros que conlleva la centralización de datos sensibles. La legislación tiene como objetivo transformar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento que contenga no solo información personal, sino también fotografías y datos biométricos, como huellas dactilares y escaneo de iris. Gonzalo Rojon, director de la consultora The CIU, señaló que si bien una identidad digital más moderna es positiva, la falta de un marco legal claro en México genera desconfianza.
Características de la nueva ley y sus implicaciones
La nueva plataforma conectará con los sistemas informáticos de diferentes instituciones públicas, lo que permitirá la búsqueda en tiempo real de información y la generación de alertas de seguridad. Sin embargo, este enfoque centralizado también plantea un riesgo significativo: la creación de un expediente ciudadano que almacene todos los trámites y datos biométricos de los ciudadanos. La senadora Alma Carolina Viggiano Austria enfatizó que esta concentración de datos podría aumentar el riesgo de filtraciones y robo de información, en un contexto donde el gobierno ya ha mostrado dificultades para proteger los datos que maneja.
Responsabilidades de las compañías y costos asociados
Además de las preocupaciones sobre la privacidad, la ley también implicará cambios significativos para las compañías de telecomunicaciones. Estas deberán implementar sistemas robustos para recopilar y almacenar datos personales y compartirlos con las instituciones de seguridad, lo que requerirá una inversión considerable. Rojon advirtió que estos costos operativos podrían repercutir en los usuarios, aumentando así el costo de los servicios de telecomunicaciones. La situación se complica aún más al considerar que el gobierno no ha demostrado una capacidad adecuada para salvaguardar la información personal, lo que puede tener consecuencias irreparables para los ciudadanos.