El primer año de Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Durante el primer año de Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se utilizaron de manera responsable y eficiente todos los recursos institucionales. La SCJN se comprometió a cumplir con los principios de eficiencia, transparencia, honradez, austeridad, racionalidad y rendición de cuentas.
Rediseño institucional y enfoque de planeación estratégica
A partir de enero de este año, la SCJN comenzó un proceso de rediseño institucional, implementando un modelo de gestión basado en resultados y una planeación estratégica que vincula las funciones administrativas y jurisdiccionales. Esto se logró a través de la disciplina presupuestal, el uso racional y eficiente de los recursos públicos, la apertura y transparencia en procesos de adquisiciones y contrataciones públicas, y la implementación de un sistema de control interno institucional sólido.
Fortalecimiento institucional en la Suprema Corte
Como parte del fortalecimiento de la Suprema Corte, durante el año 2023 se impulsó la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de planes y programas de trabajo, así como la observancia de las disposiciones jurídicas y la salvaguarda de los recursos institucionales. Todo esto se llevó a cabo en un ambiente ético y de calidad, en cumplimiento de la ley, estableciendo los cimientos de un modelo de gestión orientado a resultados.
Además, la Suprema Corte trabaja en la implementación de un Sistema de Control Interno Institucional integral, para identificar, administrar y mitigar riesgos y mejorar continuamente la labor del tribunal.
Ejercicio presupuestal 2023 y política de racionalidad
Para el ejercicio fiscal 2023, la Cámara de Diputados autorizó un presupuesto de 5,630.5 millones de pesos para la Suprema Corte, con el objetivo de garantizar su operación y financiar sus prioridades institucionales.
En el marco del Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte se comprometió a ahorrar 52.8 millones de pesos, como parte de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del Poder Judicial de la Federación.
Fuente: López-Dóriga Digital