Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha advertido sobre la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva de oficio. Según sus cifras, esto podría llevar a la liberación de 68 mil delincuentes que se encuentran actualmente bajo esta medida. Esta decisión ha generado preocupación en el Gabinete de Seguridad debido a las implicaciones que tendría para la paz y seguridad del país. En respuesta, el Gabinete de Seguridad envió una carta a los ministros de la Corte expresando sus preocupaciones.
Impacto de la posible liberación de delincuentes bajo prisión preventiva
De acuerdo con las cifras presentadas por Alcalde Luján, la eliminación de la prisión preventiva de oficio podría resultar en la liberación de 68 mil presuntos delincuentes. Entre ellos se encuentran acusados de homicidio, secuestro, violación, narcotráfico, portación de armamento y explosivos, feminicidio, abuso infantil, corrupción de menores y delincuencia organizada. Estas cifras demuestran la gravedad de la situación y la importancia de mantener esta medida para garantizar la seguridad de la sociedad.
La preocupación del Gabinete de Seguridad
La Secretaría de Gobernación ha expresado su preocupación por la posible decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la prisión preventiva oficiosa. Consideran que la Corte está excediendo sus facultades al pretender convertirse en el “poder de los poderes” y tomar una decisión sin evaluar las consecuencias para la paz y seguridad del país. Por esta razón, el Gabinete de Seguridad ha enviado una carta a los ministros de la Corte para plantear sus inquietudes y solicitar que se consideren los riesgos de liberar a los presuntos delincuentes.
La discusión en la Suprema Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá próximamente la invalidación de la prisión preventiva oficiosa, que está contemplada en el Artículo 19 de la Constitución. Esta decisión se basa en una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual se condena a México y se ordena adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar esta medida. Aunque la resolución de la CIDH obliga a todo el Estado mexicano, la Corte ha decidido interpretarla y ordenar unilateralmente su cumplimiento, sin considerar la opinión de otras instituciones como el Congreso de la Unión.
La defensa de la Constitución
Luisa María Alcalde ha dejado claro que ningún país u organismo extranjero puede ordenar a México modificar su Constitución. Es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación defender la Carta Magna y asegurarse de que se respete en todo momento. Cualquier intento de injerencia extranjera en la soberanía de México es inadmisible y debe ser rechazado.
En conclusión, la posible eliminación de la prisión preventiva de oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado preocupación en el Gabinete de Seguridad. La liberación de 68 mil delincuentes tendría graves implicaciones para la paz y seguridad del país. Es necesario que la Corte considere las preocupaciones planteadas y garantice que cualquier decisión tomada se ajuste a la Constitución y a los intereses de la sociedad mexicana.