En un encuentro reciente en la Cámara de Diputados, jueces y magistrados expresaron su preocupación por la reforma al Poder Judicial y la elección de los juzgadores, señalando que estos procesos podrían resultar inciertos y carentes de legitimación. La magistrada Adriana Ramos León destacó que esta reunión, titulada “Diálogos sobre la implementación de la Reforma Judicial”, es un evento sin precedentes, y subrayó que la reforma plantea un escenario inédito para quienes ejercen funciones judiciales.
Incertidumbre en la implementación de la reforma judicial
Durante el diálogo, la magistrada Ramos León hizo un llamado a la colaboración para consolidar la reforma constitucional, enfatizando que, a pesar de que ya se ha promulgado, su implementación depende de los esfuerzos de quienes participan en el proceso. Gabriel Regis López, juez de Distrito, coincidió en que no hay claridad sobre cómo se llevará a cabo esta implementación, lo que genera inquietud en la sociedad, que ha clamado por una justicia más accesible y efectiva.
Legitimación democrática de los juzgadores
La jueza Blanca Alicia Ochoa Hernández resaltó que uno de los aspectos clave de la reforma es la legitimación democrática de los juzgadores. Afirmó que no debería existir temor a ser elegidos por voto popular, ya que los jueces están comprometidos con su formación y dedicación. Esta es una oportunidad para que los jueces se acerquen a la ciudadanía y respondan a las demandas sociales, reforzando la confianza en el sistema judicial.
Demandas y expectativas de los jueces
Los magistrados aprovecharon la reunión para manifestar sus inquietudes sobre el proceso electoral que se avecina, solicitando transparencia y equidad en la elección de los juzgadores. Exigieron que la legislación secundaria contemple aspectos que garanticen una elección libre y auténtica, así como acciones afirmativas que beneficien a las juezas en situaciones de lactancia. Asimismo, pidieron un respeto riguroso a los perfiles en los comités y la posibilidad de darse a conocer en todas las regiones del país, con el objetivo de fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la sociedad mexicana.