Organizaciones alertan sobre el impacto ambiental del gas natural en el Golfo de California
Un grupo de 14 organizaciones y comunidades del Golfo de California han expresado su preocupación por la expansión de la infraestructura de gas fósil y gas natural licuado (GNL) en la región. Estas entidades, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), argumentan que estos proyectos no solo violan compromisos internacionales, sino que también representan un grave riesgo para los derechos humanos.
Denuncias dirigidas a la ONU y al gobierno mexicano
Las organizaciones han enviado alertas a la ONU y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, enfatizando que el transporte de gas por el Golfo puede comprometer el medio ambiente y afectar las actividades comerciales locales. En sus comunicaciones, subrayan que la construcción de terminales de licuefacción y gasoductos transfronterizos podría transformar drásticamente la fisonomía social y ambiental de una zona declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005.
Proyectos que amenazan ecosistemas y comunidades
Según la información proporcionada por las organizaciones, los proyectos propuestos, como las terminales Saguaro Energía y Vista Pacífico LNG, están diseñados para licuar y exportar gas fósil extraído mediante fracking en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos. Este proceso no solo pone en riesgo zonas de pesca y rutas migratorias de ballenas, sino que también amenaza arrecifes y comunidades costeras, contribuyendo al cambio climático y violando el derecho humano a un medio ambiente sano.
Demandas al gobierno y respuesta de la ONU
Frente a esta situación, las organizaciones han exigido al gobierno mexicano que niegue las autorizaciones de los proyectos que están en evaluación de impacto ambiental. A su vez, han solicitado que la ONU inste a México y Estados Unidos a cesar el uso del Golfo de California como un corredor industrial para gas fósil y a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental. La carta enviada al canciller Juan Ramón de la Fuente fue recibida por la SRE, y las Relatoras Especiales de la ONU han mostrado interés en el caso.