En un cambio significativo para la identificación en México, el gobierno federal ha anunciado la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión biométrica, que se prevé será obligatoria a partir de febrero de 2026. Este nuevo sistema busca modernizar la identificación oficial, incorporando datos biométricos como huellas dactilares y escaneo de iris, lo que generará un documento más seguro y confiable.

Fases de Implementación de la CURP Biométrica

La transición hacia la CURP biométrica se realizará en varias fases. Desde julio de 2025, se han habilitado módulos en estados como Veracruz y la Ciudad de México para un proceso piloto. A partir de enero de 2026, la CURP biométrica estará disponible para el público en general a través de módulos del Registro Civil y oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO). La obligatoriedad de este documento se implementará gradualmente, con el objetivo de evitar contratiempos técnicos y asegurar su cobertura en todo el país.

Trámites Requeridos para la CURP Biométrica

A partir de febrero de 2026, la CURP biométrica se convertirá en un requisito para diversos trámites tanto públicos como privados. Entre estos se incluyen el acceso a servicios de salud, la gestión de programas sociales y pensiones, así como transacciones financieras y educativas. Las organizaciones privadas y los organismos públicos deberán aceptar la CURP biométrica como una forma válida de identificación, lo que marca un cambio significativo en la manera en que los ciudadanos interactúan con las instituciones.

Requisitos y Seguridad en el Proceso de Registro

Para obtener la CURP biométrica, los ciudadanos deberán presentar documentos como una identificación oficial vigente, un acta de nacimiento certificada y un comprobante de domicilio. El proceso de captura incluirá el escaneo de huellas dactilares y otros rasgos biométricos, siempre bajo el consentimiento explícito del titular y respetando los marcos de protección de datos personales. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la vigilancia y la centralización de información sensible, lo que podría plantear desafíos en la implementación de este nuevo sistema.

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