Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano responsabilizan al gobierno por la falta de protección al alcalde Carlos Manzo, asesinado pese a sus reiteradas peticiones de ayuda.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha desatado una ola de críticas hacia el gobierno federal por su aparente inacción ante el crimen organizado. Legisladores de los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han señalado que la falta de protección y respuesta a las reiteradas solicitudes de ayuda del edil son prueba de un sistema que abandona a sus representantes.
La senadora priista Claudia Anaya enfatizó que, a pesar de contar con 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección, el alcalde fue asesinado, lo que evidencia una omisión grave por parte de las autoridades. Carolina Viggiano, también del PRI, denunció complicidad entre el gobierno y el crimen organizado, afirmando que el pacto de impunidad ha cobrado otra víctima en la figura de Manzo.
Desde el PAN, Mayuli Martínez subrayó que la muerte del alcalde no fue un hecho aislado, sino el resultado del abandono sistemático por parte del gobierno, que prefiere justificar su inacción en lugar de proteger a quienes enfrentan el crimen. Por su parte, el senador Marko Cortés destacó que este crimen refleja la crisis de inseguridad que afecta al país y la falta de resultados efectivos en las estrategias de seguridad.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, insistió en que la muerte de Carlos Manzo debe ser un llamado a las autoridades para corregir las estrategias de seguridad y ofrecer protección real a quienes defienden a sus comunidades. En un contexto donde los presidentes municipales están a merced del crimen, la exigencia de un cambio en la política de seguridad se vuelve más urgente que nunca.
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