Grupo Salinas critica a la Suprema Corte por decisiones desfavorables
Grupo Salinas ha denunciado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado en su deber de proteger a los ciudadanos, al considerar que sus recientes decisiones favorecen los intereses del Ejecutivo. La empresa, liderada por Ricardo Salinas Pliego, expresó su descontento tras el rechazo de la Corte a sus argumentos sobre adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), calificando a la Corte como “espuria” y prometiendo llevar su defensa a instancias nacionales e internacionales.
Acusaciones de acoso político y falta de imparcialidad
En su declaración, Grupo Salinas argumentó que los ministros actuaron en alineación con los intereses del gobierno actual, señalando que obedecieron “instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal”. La empresa también acusó a la nueva Suprema Corte de no analizar adecuadamente el fondo jurídico de su caso, calificándolo como uno de los litigios más importantes en la historia reciente del país, que involucra más de 12 años de procesos judiciales y un supuesto “hostigamiento administrativo permanente”.
Reacciones a las ministras señaladas
Las críticas de Grupo Salinas se centraron especialmente en las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos, a quienes acusó de actuar motivadas por “resentimiento personal” hacia su líder. La empresa expresó que la reciente votación de la Corte refleja una falta de imparcialidad y que las decisiones tomadas son un indicativo de que la Corte se ha convertido en “una oficina al servicio del poder político y no de la justicia”.
Consecuencias para el clima empresarial en México
Tras el revés judicial, Grupo Salinas advirtió que recurrirá a otros mecanismos legales, incluso internacionales, para asegurar la protección de sus derechos. Además, la empresa exigió al SAT que aclare el monto exacto de los créditos fiscales en disputa, denunciando cobros “dobles e ilegales”. En su declaración final, Grupo Salinas enfatizó que las decisiones de la Corte representan una señal negativa para la inversión y el clima empresarial en México, sugiriendo que las reglas pueden cambiar dependiendo de a quién se apliquen, lo cual podría afectar la generación de empleo y la confianza empresarial en el país.